En septiembre, el Tribunal Constitucional de Taiwán declaró que la pena de muerte es constitucional, pero estableció que en el futuro las sentencias de muerte deberán ser decididas unánimemente por un panel de jueces. Esto ha generado controversia, ya que de los 37 reos condenados a muerte en la actualidad, 30 tienen registros de deliberación que han sido destruidos, lo que impide verificar si las decisiones originales fueron tomadas de manera unánime. Según el legislador del PPT, Huang Kuo-chang (黃國昌), esta situación podría requerir apelaciones extraordinarias y una posible reapertura de los juicios, lo que podría llevar incluso a la liberación temporal de los condenados.
Entre los casos afectados se encuentra el de Lin Yu-ju (林于如), conocida por cometer asesinatos en serie para obtener seguros, y el del constructor Huang (黃), involucrado en un caso de secuestro y asesinato en 1995. El fallo del Tribunal Constitucional, que ahora exige unanimidad para las sentencias de muerte, plantea un nuevo estándar que no se aplicaba anteriormente. La falta de registros de deliberación hace imposible comprobar si las sentencias originales cumplieron este criterio, lo que podría obligar a las autoridades a revisar los casos.
El Ministerio de Justicia ha instruido a los fiscales a utilizar todos los recursos posibles para solicitar que los condenados permanezcan detenidos mientras se revisan sus casos. Sin embargo, el proceso es complejo y requiere tiempo, ya que las apelaciones extraordinarias deben ser evaluadas caso por caso. Mientras tanto, el tema ha reavivado el debate sobre la pena de muerte en Taiwán, enfrentando cuestiones éticas y legales sobre la aplicación de la justicia y la seguridad pública.