El Centro Nacional de Vivienda y Renovación Urbana anunció hoy día 31 que la política de arrendamiento y gestión de viviendas sociales, inicialmente recibida con escepticismo, ha superado numerosos desafíos desde su implementación en 2018. Hasta ahora, ha ayudado a más de 140 000 familias a encontrar un hogar adecuado y ha obtenido el apoyo de más de 57 000 propietarios, permitiendo así que más personas accedan a viviendas asequibles.
Desde el inicio del programa, que ya está en su cuarta fase, se han beneficiado más de 140 000 familias, con más de 84 000 actualmente viviendo en viviendas sociales bajo este esquema. Aproximadamente el 40 % de estos hogares pertenecen a grupos vulnerables, que también reciben subsidios de alquiler para aliviar su carga financiera y mejorar sus condiciones de vida. Al principio, hubo desafíos significativos, ya que se creía que los propietarios no estarían dispuestos a ceder el control de sus alquileres al gobierno. Sin embargo, tras considerar sus preocupaciones sobre impuestos y ofrecer incentivos como reducciones fiscales, el programa logró atraer su participación.
El programa también se ha enfrentado a obstáculos como la desconfianza inicial de la sociedad, con algunos propietarios sospechando que las agencias de alquiler que promovían la iniciativa eran fraudulentas. No obstante, con la promoción gubernamental y el esfuerzo del sector de alquileres, la aceptación ha crecido considerablemente. En sus primeros dos años, solo se lograron 5000 acuerdos, pero ahora se alcanzan más de 7000 en un solo trimestre. Además de beneficiar a inquilinos y propietarios, la iniciativa busca regular el mercado de alquileres, equilibrar la oferta y la demanda, generar empleo y estabilizar el entorno fiscal. En la cuarta fase, que comenzó en julio de 2023, se alcanzó la meta de 35 000 familias beneficiadas un año antes de lo previsto, lo que llevó a la expansión del programa con 17 000 unidades adicionales para seguir ayudando a más hogares necesitados.