El Tribunal Constitucional de Taiwán ha declarado que la pena de muerte es condicionalmente constitucional, pero ha impuesto nuevas barreras en los procesos judiciales, como la defensa obligatoria y decisiones unánimes en las sentencias de muerte. Esto ha generado controversia, ya que algunos críticos consideran que estas medidas podrían llevar a una "abolición práctica" de la pena de muerte. Además, los 37 condenados a muerte actuales pueden solicitar un recurso extraordinario, lo que les da la oportunidad de evitar la ejecución.
La Comisión de Justicia del Yuan Legislativo se reunió para discutir las implicaciones del fallo del Tribunal Constitucional, que ha planteado preguntas sobre cómo implementar las nuevas restricciones a la pena de muerte. El Ministerio de Justicia presentó propuestas legislativas que incluyen la posibilidad de aumentar las restricciones para la libertad condicional en casos de cadena perpetua, con el objetivo de garantizar castigos más severos para delitos graves.
Los legisladores del Kuomintang expresaron su preocupación por el hecho de que los condenados a muerte podrían evitar la ejecución o incluso ser liberados si se reabre su caso. En respuesta, el ministro de Justicia, Cheng Ming-chien (鄭銘謙), aseguró que el Ministerio hará todo lo posible para que los tribunales emitan órdenes de detención al anular las sentencias de muerte y evitar que los condenados salgan de prisión, aunque admitió que no puede garantizar siempre esta detención.
Un punto clave del debate fue el nuevo requisito del Tribunal Constitucional de que las sentencias de muerte deben ser decididas de manera unánime en todos los niveles judiciales. Este requisito fue cuestionado por algunos legisladores, quienes sugirieron que también el Tribunal Constitucional debería estar sujeto a decisiones unánimes en sus fallos sobre casos de pena de muerte. Sin embargo, el Yuan Judicial aclaró que el tribunal no dicta sentencias de muerte y no está obligado a la unanimidad en sus decisiones.
El Ministerio de Justicia también está trabajando en otras propuestas legislativas para equilibrar las nuevas restricciones impuestas a la pena de muerte. Esto incluye un análisis más exhaustivo de los casos de homicidio intencional para evaluar las circunstancias del delito y la posibilidad de imponer sentencias severas, como la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el Ministerio continuará reforzando la recopilación de pruebas en casos de delitos violentos graves para asegurar la aplicación justa y rigurosa de la justicia.