El Ministerio de Justicia está preparando un debate en el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la pena de muerte el 23 de este mes. Para este propósito se ha formado un equipo legal, consultando a académicos y expertos para desarrollar una estrategia legal y recopilando ejemplos de legislación extranjera y casos constitucionales relevantes. El fiscal general liderará la posición de que la pena de muerte es constitucional.
Justicia argumenta que la mayoría de los países han abolido la pena de muerte a través de procesos legislativos, y que la declaración de inconstitucionalidad directa por un tribunal constitucional es poco común. Dado el alto grado de controversia y la falta de consenso en Taiwán sobre este tema, el ministerio sostiene que la decisión de abolir la pena de muerte debe surgir del legislativo, no del poder judicial.
Además, el ministerio señala que a lo largo de los años, los magistrados constitucionales de Taiwán han considerado la pena de muerte como constitucional. Las sentencias señalan que la pena de muerte, cuando se aplica de manera proporcionada y no viola los derechos humanos fundamentales, es un castigo legalmente válido.
Tradicionalmente y en la actualidad, la opinión pública taiwanesa, se opone masivamente a su abolición, respaldando la postura de mantener la pena de muerte como un recurso legal.