Un exempleado del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) está siendo investigado por presunta colaboración con una red de espionaje de Pekín. El implicado habría transmitido información clasificada sobre altos cargos del gobierno y organismos de seguridad nacional a través de una aplicación cifrada desarrollada en China continental. En respuesta, el Ejecutivo ha decidido reforzar su estrategia nacional de defensa, destacando las 17 medidas prioritarias contra la injerencia continental como pilar de la política gubernamental para 2025.
Desde el PDP, la legisladora Rosalía Wu (吳思瑤) ha instado a todos los sectores, incluidos los gobiernos locales y la oposición, a asumir la defensa de la seguridad nacional como una causa común; ha exigido el apoyo de los legisladores opositores a los nuevos proyectos de ley sobre seguridad, y defendido un aumento del gasto militar previsto en el presupuesto especial. Según Wu, bloquear estas medidas sería «hacerle el juego» a los enemigos exteriores y comprometer la seguridad de Taiwán.
La oposición, por su parte, ha expresado dudas sobre la dirección que está tomando el Gobierno. La legisladora Chen Yu-jen (陳玉珍) del Kuomintang ha advertido de que un enfoque centrado en la guerra podría desequilibrar el desarrollo nacional y crear un clima de miedo. Otro dirigente del KMT, Lo Chih-chiang (羅智強), ha exigido que el Gobierno se haga responsable de sus propios fallos, dado que muchos de los implicados en el caso de espionaje fueron nombrados directamente por el oficialismo.