El Gobierno taiwanés está endureciendo su legislación para impedir que China continental infiltre sus Fuerzas Armadas mediante la captación de militares retirados. Ante esta amenaza creciente, el presidente Lai Ching-te (賴清德) ha lanzado una serie de medidas de seguridad nacional que incluyen limitar el daño que ciertos discursos de exoficiales puedan causar a la moral del ejército. Como parte de esta estrategia, la Comisión de Asuntos para Veteranos propone reformar la ley vigente para retirar beneficios a quienes, ya retirados, realicen declaraciones en China continental que atenten contra la dignidad nacional.
Actualmente, la legislación contempla la retirada de pensiones a quienes violen las leyes de seguridad nacional, pero no regula con precisión la suspensión de otros beneficios. El presidente de la Comisión, Yen Te-fa (嚴德發), explicó que la reforma incluirá el acceso a servicios como salud, educación y ayuda social, para que la pérdida de privilegios sea proporcional y efectiva ante comportamientos lesivos para el país. Se trata, en esencia, de frenar la influencia de Pekín y proteger la integridad del Estado.
Esta reforma está en fase de revisión legal y se presentará en septiembre al Ejecutivo. Mientras tanto, otros legisladores, como Shen Bo-yang (沈伯洋), del Partido Democrático Progresista, han propuesto enmiendas complementarias para definir mejor qué se entiende por «daño a la dignidad nacional», ya que el concepto sigue siendo vago en la ley actual. La intención es crear un marco legal claro y robusto para evitar que los veteranos sean instrumentalizados por el régimen chino.