El Gobierno taiwanés presentó un plan de apoyo económico de 88 000 millones de dólares taiwaneses para enfrentarse al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre la industria local. Este anuncio fue acompañado por la preocupación de varios sindicatos, que reclamaron al Ejecutivo que no solo respalde a las empresas, sino que también garantice la estabilidad del mercado laboral y la protección de los trabajadores afectados por la crisis.
Organizaciones como el Sindicato de Chunghwa Telecom y la Confederación General de Trabajadores de Taiwán habían previsto iniciar una huelga de hambre de nueve días para exigir reformas laborales, como la restitución de siete días de vacaciones eliminados y mejoras al sistema de pensiones. Sin embargo, decidieron posponer la protesta ante la urgencia de afrontar los efectos negativos de los nuevos aranceles y centrarse en asegurar los derechos laborales frente a esta situación.
Los sindicatos hicieron un llamamiento al Gobierno para que las empresas que reciban subsidios no puedan despedir empleados ni aplicar suspensiones sin sueldo. Propusieron activar líneas de crédito especiales para los trabajadores afectados y exigieron que las ayudas gubernamentales estén sujetas a auditorías rigurosas. Además, reiteraron la necesidad de coordinar acciones entre los ministerios competentes y de retomar, una vez estabilizada la economía, las reformas laborales pendientes que fortalezcan la protección social de los trabajadores.