El exdirector de la División General de la Armada, Chang Pei-ning (張培凝), fue condenado a tres años y diez meses de prisión por desarrollar una red de espionaje en Taiwán en favor de China continental. Chang reclutó a un exoficial naval de alto rango y a su esposa, quienes ayudaron a contactar a militares en servicio y retirados. Tras rechazar su apelación, la Corte Suprema confirmó la sentencia. Además, después de su condena, Chang presentó una demanda contra el Ministerio de Defensa por exigirle la devolución de más de 7.72 millones de dólares taiwaneses en pensión de jubilación, pero el tribunal desestimó su solicitud.
Según la investigación, desde 1997, el empresario hongkonés Xie Xizhang (謝錫璋), siguiendo órdenes del Departamento de Trabajo Político de la Comisión Militar Central de China continental, utilizó cenas, encuentros deportivos y viajes gratuitos para atraer a oficiales taiwaneses. Con el apoyo financiero del inversor chino Zeng Zhaofeng (曾昭峰), Chang fue reclutado en 2006 y, dos años después, convenció a un exoficial naval y a su esposa de unirse a la red. Entre 2008 y 2014, organizó reuniones con varios oficiales a través de viajes financiados por China continental, aunque muchos rechazaron la oferta.
En junio de 2019, las autoridades taiwanesas iniciaron una investigación tras recibir información de inteligencia. Para entonces, Xie ya había abandonado Taiwán, pero Chang y sus cómplices fueron arrestados y procesados por violaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Durante el juicio, Chang negó los cargos, argumentando que desconocía los antecedentes de Xie y que no recibió beneficios, pero el tribunal determinó que su intención era poner en peligro la seguridad nacional. Mientras que Chang fue sentenciado a prisión, el exoficial reclutado recibió una pena de diez meses y su esposa una multa.
Tras una apelación, el Tribunal Superior de Kaohsiung ratificó la sentencia original. Sin embargo, al considerar que el exoficial había mostrado arrepentimiento y que su delito no tuvo consecuencias graves, el tribunal le concedió una suspensión condicional de cuatro años, con la obligación de asistir a ocho sesiones de educación legal y cumplir con medidas de protección supervisada. Finalmente, la Corte Suprema rechazó la apelación de Chang, confirmando su condena y cerrando el caso.