El Ministerio de Administración y el Departamento de Administración de Personal del Yuan Ejecutivo han solicitado recientemente a los funcionarios públicos que firmen una declaración en la que aseguren no poseer documentos de identidad de China continental. El director del Departamento de Administración de Personal, Su Jun-rong (蘇俊榮), declaró el día 20 que no hay margen de negociación en cuanto a la lealtad al país. Sin embargo, según las normas actuales, no hay sanciones para quienes decidan no completar la declaración.
Esta medida responde a denuncias previas de que ciudadanos taiwaneses han sido invitados a China continental bajo el pretexto de intercambios turísticos, con el objetivo de obtener documentos como la cédula de identidad o el certificado de residencia chinos. En consecuencia, el Ministerio de Administración y el Departamento de Administración de Personal, en coordinación con el Consejo para los Asuntos de China Continental (MAC, siglas en inglés), enviaron circulares a las instituciones gubernamentales exigiendo que los funcionarios públicos certifiquen que no tienen registro de domicilio, pasaporte, cédula de identidad, certificado de residencia o cualquier otro documento oficial chino. Su Jun-rong afirmó que la mayoría de las instituciones han completado este proceso y que se están implementando métodos electrónicos para facilitarlo.
Durante una sesión de la Comisión de Justicia del Yuan Legislativo, los legisladores del Partido Democrático Progresista (PDP), Rosalía Wu (吳思瑤) y Wang Yi-chuan (王義川), preguntaron sobre el progreso de esta iniciativa. Su Jun-rong enfatizó que cualquier persona que trabaje en el sector público debe firmar esta declaración y no puede tener doble nacionalidad. Cuando se le preguntó si un funcionario taiwanés puede abogar por la unificación con China continental, Su respondió tajantemente que no, ya que va en contra de los principios fundamentales del país. Por otro lado, la legisladora del Kuomintang (KMT), Weng Hsiao-ling (翁曉玲), señaló que esta medida ha generado descontento entre algunos funcionarios. Su respondió que la oposición es mínima y que la declaración no busca penalizar a nadie, sino fomentar la transparencia y la honestidad, similar a los formularios de protección de datos personales en los bancos. Además, reiteró que firmarla es opcional y no acarrea sanciones.