El Gobierno de Taiwán condenó la decisión del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica (DIRCO, siglas en inglés) de modificar, sin previo acuerdo, el nombre de su oficina de representación en el país, pasando de «Oficina de Enlace de Taipéi» a «Oficina Comercial de Taipéi».
Ante esta medida, funcionarios taiwaneses advirtieron posibles represalias, incluyendo la suspensión de cooperación bilateral, restricciones en visas y sanciones económicas, hasta que el Gobierno sudafricano muestre señales de buena voluntad. El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que el cambio se realizó mientras aún estaban en negociaciones, sin un consenso previo. El ministro de Exteriores, Lin Chia-lung (林佳龍) ordenó a la misión sudafricana en Taipéi elevar una protesta formal ante el Gobierno sudafricano. Exteriores acusó a Sudáfrica de ceder ante la presión de China continental y de violar el acuerdo bilateral de 1997, y exigió respeto a los principios democráticos y a los compromisos previamente establecidos.
Funcionarios taiwaneses criticaron a Sudáfrica por actuar bajo la influencia de Pekín y desatender las preocupaciones internacionales, tras el encuentro en la reunión del G20 entre el embajador chino en Sudáfrica, Wu Peng (吳鵬), y el canciller sudafricano, Ronald Lamola, evento al que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, no asistió. El exministro de Defensa francés Alain Richard calificó el acercamiento de Sudáfrica a Pekín como una «sumisión diplomática». Por su parte, Rubio declaró al embajador sudafricano en EE. UU., Ebrahim Rasool, como persona non grata.
A nivel doméstico, Sudáfrica enfrenta una crisis económica y social con altos niveles de desempleo y criminalidad. Aunque China continental ha invertido en infraestructura mediante la Iniciativa de Un Cinturón, Una Ruta, los problemas estructurales persisten. La reciente aprobación de la Ley de Expropiación de Tierras también ha deteriorado las relaciones con EE. UU., lo que llevó a la suspensión de la ayuda estadounidense.