El presidente Lai Ching-te (賴清德) promulgó las enmiendas a la Ley de Litigios Constitucionales, las cuales establecen mayores requisitos para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional una ley. Sin embargo, el Yuan Ejecutivo y el PDP han solicitado una interpretación constitucional y medidas cautelares, argumentando que las nuevas disposiciones podrían paralizar el funcionamiento del tribunal y limitar los derechos ciudadanos. El Tribunal Constitucional aún debe decidir si acepta la solicitud antes del Año Nuevo chino, lo que ha generado expectación.
El PDP defendió su solicitud como una medida necesaria para proteger los derechos de los ciudadanos, reiterando su respeto a la independencia judicial y pidiendo a otros partidos políticos que no interfieran.
Sin embargo, el secretario general del grupo parlamentario del KMT, Lin Szu-ming (林思銘), criticó al presidente Lai por interferir en las leyes aprobadas por el Yuan Legislativo, argumentando que esto socava la separación de poderes. Lin también defendió que el aumento en los requisitos para los fallos del Tribunal Constitucional es una decisión legislativa válida y común en otros países. Asimismo, instó a los jueces a actuar con integridad y profesionalismo para salvaguardar la Constitución.
El KMT acusó además al presidente Lai de extender su influencia política al ámbito judicial al agregar comentarios a la promulgación de la ley, describiendo esto como una "mano negra política". La líder del PDP en el Legislativo, Rosalía Wu (吳思瑤), respondió afirmando que los comentarios del presidente son una práctica común para garantizar la implementación adecuada de las leyes y que esto no debe interpretarse como interferencia política, sino como parte de sus funciones constitucionales.