El Ministerio de Justicia de Taiwán llevó a cabo la primera ejecución de pena de muerte de los últimos cinco años, con la ejecución por fusilamiento de Huang Lin-kai (黃麟凱) la noche del 16 de enero. Este caso marca la primera aplicación de la pena capital desde que el Tribunal Constitucional ratificó su constitucionalidad y desde que el presidente Lai Ching-te (賴清德) asumió el cargo. Lai expresó su apoyo a la aplicación de la ley, ofreciendo sus condolencias a las familias de las víctimas y destacando que "la pena de muerte no viola la Constitución".
El ministro de Justicia, Tseng Ming-chien (鄭銘謙), quien firmó la autorización de la ejecución, explicó que el caso de Huang fue elegido debido a la gravedad de sus crímenes, los cuales fueron sometidos a un proceso judicial riguroso y transparente. Tseng subrayó que no hubo motivaciones políticas ni premeditación en la selección del caso o en el momento de la ejecución, afirmando que estas decisiones se toman exclusivamente sobre la base de revisiones legales realizadas por la Fiscalía General.
Por su parte, el viceministro Huang Mou-hsin (黃謀信) destacó que las decisiones del Ministerio de Justicia siempre están alineadas con los principios legales y constitucionales. Actualmente, hay 36 reclusos en el corredor de la muerte, y cada caso está siendo revisado de acuerdo con los criterios establecidos para determinar su elegibilidad para la ejecución. Huang enfatizó que cualquier duda o falta de evidencia en los registros judiciales será tratada en favor del acusado.
Este caso también ha sido objeto de críticas de la oposición, quienes han insinuado que la ejecución busca mejorar la popularidad del Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Justicia rechazó estas acusaciones, insistiendo en que la decisión fue puramente legal y no estuvo influenciada por consideraciones políticas.