Este 7 de enero, el Yuan Legislativo de Taiwán aprobó, en medio de fuertes protestas, una controvertida enmienda a la Ley de Personal Policial que aumenta la tasa de reemplazo de ingresos para policías jubilados hasta un 80 %. La propuesta, impulsada por el Kuomintang (KMT) y apoyada por el Partido Popular de Taiwán (PPT), establece que los policías, bomberos y otros agentes podrán recibir pensiones que comienzan en un 43.25 % tras 15 años de servicio, aumentando progresivamente hasta un máximo del 80 % tras 36 años. La medida se aplicará también a los jubilados actuales, cuyos beneficios serán recalculados.
Organizaciones civiles, como la Unión por la Democracia Económica de Taiwán, criticaron duramente la medida, calificándola de injusta e insostenible. Señalan que el nuevo porcentaje de reemplazo no solo supera el 62.5 % establecido tras la reforma de pensiones, sino que también está por encima del 75 % previo a esta, representando una carga financiera que podría llevar al sistema de pensiones a una crisis. Además, advierten que los costos adicionales recaerán en las generaciones más jóvenes, quienes podrían enfrentar mayores impuestos o recortes en servicios públicos.
Los críticos también señalaron que comparar a los policías con los militares para justificar la enmienda es un error. Aunque ambas profesiones son arriesgadas, los militares tienen límites estrictos de servicio, lo que implica que muchos no califican para pensiones mensuales, a diferencia de los policías, quienes pueden acumular hasta 40 años de antigüedad. Según las organizaciones, esta diferencia podría llevar a Taiwán hacia un colapso financiero similar al de Grecia.
Por su parte, el gobierno había expresado su preocupación antes de la aprobación. El primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) advirtió que la enmienda podría violar principios constitucionales al incrementar los gastos presupuestarios de manera desproporcionada. Sin embargo, los partidos KMT y PPT lograron aprobar la medida pese a las objeciones.
Las organizaciones civiles reiteraron su llamado a revertir esta decisión, argumentando que la justicia intergeneracional y la sostenibilidad del sistema de pensiones deben ser prioridades. Asimismo, pidieron un enfoque que mejore los salarios y las condiciones laborales de los policías en activo en lugar de aumentar las pensiones, evitando así una mayor desigualdad social y económica.