El Yuan Legislativo aprobó a finales de 2024 enmiendas a varias leyes fundamentales, incluyendo la Ley de Sentencias Constitucionales, elevando los requisitos para emitir resoluciones constitucionales y estableciendo el número legal de jueces en 15. Estas modificaciones requieren la participación y el acuerdo de al menos dos tercios de los jueces para tomar decisiones constitucionales. El Yuan Ejecutivo respondió planteando objeciones legales, argumentando que estas disposiciones afectan gravemente al derecho de los ciudadanos de buscar justicia y a la independencia del poder judicial.
El primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) criticó que las enmiendas otorgan al poder legislativo un poder desproporcionado sobre el judicial, estableciendo umbrales irrazonables que dificultan el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Además, estas disposiciones limitan los recursos legales disponibles para los ciudadanos e instituciones, lo que podría poner en peligro el orden constitucional.
El Ejecutivo también señaló que la falta de cláusulas transitorias en las enmiendas impide a los jueces actuales ejercer plenamente sus competencias, paralizando el Tribunal Constitucional. Por estas razones, el Gobierno presentó una solicitud formal de reconsideración ante el Yuan Legislativo, buscando salvaguardar la independencia judicial y el acceso a la justicia.