El caso judicial contra Ko Wen-je (柯文哲), presidente del Partido Popular de Taiwán y exalcalde de Taipéi, continúa generando controversia. El 29 de diciembre, el Tribunal Supremo anuló una decisión previa que permitía su liberación bajo fianza de 30 millones de dólares taiwaneses y devolvió el caso al Tribunal de Distrito de Taipéi para su revisión. Tras una audiencia de más de tres horas, el tribunal decidió aumentar la fianza a 70 millones de dólares taiwaneses, además de imponer restricciones como monitoreo electrónico y prohibición de salir del país.
La fiscalía acusa a Ko de delitos graves, incluyendo corrupción y enriquecimiento ilícito relacionados con el proyecto Jinghua Cheng (京華城) y fondos políticos. Los jueces argumentaron que existe riesgo de fuga y manipulación de pruebas, especialmente debido a la relación cercana de Ko con Hsu Chih-yu (許芷瑜), una secretaria clave que permanece prófuga. Otros implicados, como Shen Ch’ing-ching (沈慶京) y legisladores locales, también se enfrentan a aumentos en sus fianzas y restricciones similares.
El Partido Popular de Taiwán expresó su descontento con las medidas impuestas, calificándolas de desproporcionadas y políticamente motivadas. En un comunicado, criticaron el aumento de la fianza, argumentando que representa una carga financiera excesiva, y denunciaron que las acciones de la fiscalía buscan consolidar testimonios en contra de Ko, afectando así el equilibrio político y favoreciendo a los partidos tradicionales.
Ante la intención de Ko de renunciar como presidente del partido para evitar que su situación personal afecte la operación del mismo, el Partido Popular de Taiwán manifestó que actuará conforme a los procedimientos internos. Una reunión extraordinaria del comité central será convocada para abordar esta transición y garantizar la continuidad en la gestión partidaria.
Mientras tanto, los legisladores del Partido Popular de Taiwán anunciaron que se movilizarán para recaudar los fondos necesarios para cumplir con la fianza y garantizar la liberación de Ko. Reafirmaron su compromiso con la justicia, enfatizando que defenderán su inocencia y resistirán cualquier intento de interferencia política en el proceso judicial.