El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció ayer, 3 de diciembre, la imposición de la ley marcial, pero esta fue revocada por una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, lo que ha generado una amplia atención internacional. En Taiwán, los legisladores discutieron si una situación similar podría ocurrir en el país y cómo respondería el Yuan Legislativo en caso de que sucediera. El vicesecretario general del Yuan Legislativo, Chang Yu-jung (張裕榮), declaró hoy, 4 de diciembre, que considera poco probable que algo así ocurra en Taiwán, dado que una democracia constitucional no debería manejar las crisis de esa manera. Sin embargo, agregó que si llegara a suceder, la Constitución otorga al Yuan Legislativo ciertos derechos y medidas defensivas.
La imposición de la ley marcial en Corea del Sur marcó la 17ª vez en la historia del país y la primera en más de 40 años. Durante la madrugada del 4 de diciembre, las fuerzas bajo la ley marcial irrumpieron en la Asamblea Nacional, bloqueando las entradas y salidas. Sin embargo, poco después, los diputados, ayudados por ciudadanos, consiguieron entrar en el hemiciclo y aprobaron una resolución para revocar el edicto. Poco después, el presidente Yoon Suk-yeol anunció la cancelación de la medida. Esto ha generado un intenso debate tanto en Corea del Sur como en la comunidad internacional.
En Taiwán, durante una sesión para revisar el presupuesto del Yuan Legislativo para el próximo año, el tema de la ley marcial en Corea del Sur se discutió ampliamente. Legisladores como Chung Chia-pin (鍾佳濱), del Partido Democrático Progresista (PDP), señalaron que, según la Constitución de la República de China (Taiwán), el presidente puede declarar la ley marcial, pero requiere la aprobación o ratificación posterior del Yuan Legislativo, el cual no puede ser disuelto durante dicho periodo. Chang Yu-jung enfatizó que, aunque teóricamente cualquier situación diseñada por la Constitución puede ocurrir, considera improbable que un escenario similar tenga lugar en Taiwán. Además, destacó que las instituciones democráticas deben respetar los derechos individuales y que el uso de la fuerza militar en este contexto sería inadecuado e incompatible con el sistema constitucional.