El Tribunal Constitucional de Taiwán ha dictaminado que la pena de muerte es constitucional, pero solo bajo condiciones estrictas, como en los casos más graves de asesinato premeditado, y con el cumplimiento de un proceso penal riguroso que incluye la decisión unánime de los jueces y la celebración de audiencias orales en todas las instancias. Este fallo generó críticas por parte de los legisladores del Kuomintang (KMT), quienes consideran que las restricciones impuestas hacen que sea casi imposible ejecutar la pena de muerte, lo que, según ellos, equivale a una abolición encubierta.
En una conferencia de prensa, los legisladores del KMT, liderados por Wu Tsung-hsien (吳宗憲), expresaron su descontento con el fallo y sugirieron la posibilidad de convocar un referéndum o realizar protestas para revertir la decisión. Criticaron que los jueces hayan impuesto tantos requisitos para la aplicación de la pena de muerte, como la unanimidad en las sentencias y la evaluación de la capacidad mental de los condenados, que, según ellos, hacen que sea extremadamente difícil imponer dicha pena.
El Partido Progresista Democrático (PDP) respondió que respetan el fallo del Tribunal y criticaron al KMT por agitar el populismo con el tema de la pena de muerte. El PDP también indicó que es necesario centrarse en la reforma de las leyes para garantizar la correcta aplicación de la pena de muerte bajo las condiciones constitucionales y sugirieron implementar mecanismos más estrictos, como la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.