Varios periodistas, incluyendo a Neil Peng (馮光遠) y el escritor Chang Ta-chun (張大春), han sido condenados por insultos públicos según el artículo 309 del Código Penal taiwanés. Los encausados argumentan que este delito atenta contra la libertad de expresión protegida por la Constitución y han solicitado una revisión constitucional. El Tribunal Constitucional celebró una audiencia para el debate oral, discutiendo si el artículo 309 infringe la libertad de expresión y si las diferencias en la expresión del insulto en diversos medios afectan a su constitucionalidad.
Las condenas se basaron en declaraciones públicas de Neil Peng, demandado por los políticos Emile Sheng (盛治仁) y King Pu-tsung (金溥聰), y de Chang Ta-chun, condenado por comentarios sobre el difunto periodista Liu Chun-yao (劉駿耀). Peng, Chang y otros alegan que el delito de insulto público viola la libertad de expresión, la libertad personal y el principio de claridad legal de la Constitución. Han solicitado la revisión constitucional o la regulación de la constitucionalidad de la ley, y el Tribunal Constitucional celebró una audiencia para debatir estos argumentos.
El máximo órgano judicial del país se enfoca en determinar si el artículo 309 viola la libertad de expresión garantizada por la Constitución, examinando también si las diferencias en la expresión del insulto en distintos medios afectan a la constitucionalidad de la disposición. Además, se cuestiona si las disposiciones del artículo 309 violan el principio de claridad legal y, en caso de ser consideradas constitucionales, si debería restringirse el alcance de la expresión punible.