Grupos de activistas han pedido este día 28 una nueva reforma de la ley de referéndums para la que han destacado diez puntos a modificar, incluyendo la prohibición de que se celebren referéndums sobre cuestiones que pongan en peligro el orden constitucional democrático, pero también la creación de un órgano que investigue las inconstitucionalidades. Los grupos creen que con esta reforma se profundizará en la calidad de la democracia.
Tras la última reforma de la ley de referéndums por la que se rebajó el quorum de participación para la aprobación de un referéndum, el público se lanzó a pedir referéndums sobre cuestiones muy variadas. Esto ha generado un debate sobre la razonabilidad de esta nueva situación y sobre la violencia de las discusiones en torno a los temas sometidos a plebiscito.
Un grupo de activistas ha organizado hoy una rueda de prensa para hacer una propuesta de diez puntos de reforma de la actual ley para mejorar el sistema.
Según la disposición actual, la Junta Electoral Central debe publicar el número y contenido de los referéndums tres meses antes de su celebración para que el público pueda discutir sobre los mismos. Los activistas piden que este plazo se amplíe a de seis a doce meses, que se extienda el plazo para enmiendas y propuestas, y se relajen las reglas para la designación de fechas para el referéndum.