A fin de garantizar la seguridad y lograr un ambiente justo y amistoso para las personas que han sido víctimas de abusos sexuales, el Yuan Legislativo aprobó el día 8 la tercera lectura a la enmienda de la ley de prevención contra el abuso sexual. La nueva ley establece que ninguna persona puede anunciar en forma pública o revelar a través de los medios de comunicación el nombre de la víctima de abusos sexuales ni otros datos que puedan identificarla. El infractor podría ser multado con un máximo de 100 mil dólares taiwaneses.
La legisladora del Kuomintang que ha propuesto esta enmienda de ley, Pan Wei-kang, indicó que como en el caso del criminal y violador Justin Lee, los datos personales de las víctimas han sido difundidos por los medios y los usuarios de internet; este tipo de intimidación ha generado mucha inconveniencia a las víctimas. Por otra parte, debido a los avances tecnológicos, las víctimas han sido acosadas frecuentemente por los rumores y los reportes de los medios de comunicación, por lo tanto, esta reforma de ley tiene como objetivo proteger los derechos de las víctimas.
Además, la nueva ley también incrementa el número de informantes. La legisladora del Partido Democrático Progresista, Yu Mei-nu, expresó que esto podría ofrecer mayor ayuda a las personas que han sido víctimas de abusos sexuales.
Yu Mei-nu dijo: “En los últimos 15 años, se han producido 86 casos de violación sexual que han ocurrido en las prisiones y en los centros de detención. Muchos criminales que utilizan el abuso sexual como medio de control se encuentran en estos lugares oscuros. Por eso, esta vez hemos hecho una revisión de ley para que el personal de prisiones sea también un informante. Se espera que si en el futuro ocurra algún caso de violación sexual en las prisiones, pueda ser informado en primera instancia, para efectuar el proceso de investigación y de asesoramiento psicológico”.
La nueva ley también establece que si la víctima del abuso sexual es una persona menor de edad o con discapacidad intelectual, se permite la presencia de asesores profesionales durante el juicio y el proceso de investigación, con la previa autorización de la policía judicial, el fiscal o del juez.
RTI