En 1994, con el fin de fomentar la participación del sector privado en la construcción de infraestructuras de transporte, el Gobierno estableció una serie de regulaciones, entre las cuales el artículo número 43 establecía que si durante la ejecución de las obras ocurría una situación de seria consideración o se llevaba a cabo una mala gestión por parte del sector privado, las autoridades competentes podrían ordenar mejorar, detener o anular su construcción y en caso necesario, hacerse cargo de su ejecución. No obstante, no hay fundamento jurídico con relación al procedimiento que ha llevado al Gobierno a tomar el control del mismo, como tampoco de la cooperación por parte del sector privado.
Después de que se denegara la reforma fiscal para el tren de alta velocidad, la empresa ferroviaria se declarará en quiebra en marzo o abril del presente año. Por ello, para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del tren de alta velocidad, el día 12, la Comisión de Transporte del Yuan Legislativo, a través de la aprobación del proyecto de enmienda de las regulaciones establecidas inicialmente, quiere por un lado asegurar la base jurídica para que el Gobierno pueda asumir el control del tren de alta velocidad y por otro lado estipular penas por resistencia a la autoridad.
Wang Jin-shih, legislador del Kuomintang declaró lo siguiente: “¿Los miembros del Yuan Ejecutivo tienen algo que añadir a la cláusula 4 del artículo 43? No. ¿Nosotros los miembros del Comité tenemos alguna opinión al respecto? Tampoco. Por lo tanto se aprueba el proyecto de ley”
Según la cláusula 4 del artículo 43, en caso de que miembros de la junta del sector privado, supervisores, miembros del Comité de Auditoría, administradores y otro personal no colaboraran en la gestión y dirección por parte de las autoridades competentes o personas al cargo de su ejecución, o que no se responsabilicen del gasto correspondiente, las autoridades competentes multarían entre 10 y 25 millones de dólares taiwaneses. Si se detuviera o cambiara el plazo de ejecución, las multas ascenderían entre 200 mil y 50 millones de dólares taiwaneses.
La resolución del Comité de Transporte incluye una enmienda del proyecto y deberá ser aprobado por el Gobierno y la oposición.
RTI