La segunda fase de la planta de energía de Taichung ha recibido luz verde para instalar cuatro unidades adicionales de generación de gas. Sin embargo, la alcaldesa de Taichung, Lu Shiow-yen (盧秀燕), expresó su preocupación porque el proyecto no establece requisitos específicos para reducir la contaminación. Lu cuestionó el rol del Ministerio de Medio Ambiente y sugirió que su estatus debería ser rebajado, ya que considera que la falta de medidas contra la contaminación es un paso atrás para el organismo.
El primer ministro, Cho Jung-tai (卓榮泰), respondió a estas preocupaciones asegurando que las nuevas unidades de gas reemplazarán progresivamente a las de carbón una vez entren en funcionamiento, y que estas últimas solo se mantendrán como respaldo. Cho explicó que, en los últimos años, la planta ha reducido sus emisiones en un 70 % y que, con las nuevas unidades de gas, las emisiones de carbono podrían reducirse aún más, llegando a menos de 5000 toneladas anuales para 2027. Cho instó a los residentes de Taichung a confiar en que esta medida contribuirá a mejorar la calidad del aire en la ciudad.
Cho destacó la importancia de respetar las decisiones de los expertos en la evaluación ambiental para la segunda fase de Taichung y reiteró que las nuevas unidades de gas reemplazarán al carbón en el uso regular. Reafirmó el compromiso del gobierno de realizar una transición eficaz hacia energías más limpias, lo que permitirá una disminución gradual en el uso de las unidades de carbón y mejorará la situación de la contaminación en Taichung con el tiempo.
Por otro lado, la Comisión de Finanzas del Yuan Legislativo se prepara para revisar una polémica enmienda a la Ley de Distribución de Ingresos Fiscales, que ha generado divisiones entre el gobierno y la oposición. Cho defendió la ley actual, afirmando que ha funcionado bien durante años, permitiendo un aumento significativo en el presupuesto para asistencia general y una mejora en el superávit fiscal de los gobiernos locales. También instó a la oposición a trabajar junto al gobierno central para asegurar que los programas de bienestar social continúen sin interrupciones y que las necesidades locales estén bien cubiertas.