El Yuan Legislativo ha aprobado hoy la tercera lectura de una serie de reformas legales dirigidas a luchar contra la especulación en el mercado inmobiliario, incluidas multas repetibles de hasta NTD 50 millones (USD 1,64 millones) para los manipuladores. El objetivo final de las revisiones es reducir los precios de la vivienda en Taiwán.
Las enmiendas a la Ley de Ecualización de Derechos de Bienes Raíces fue aprobada este martes con pleno de participación y total unanimidad a favor de las revisiones.
Una de las medidas principles prohíbe la reventa o transferencia de acuerdos de compra a terceros para unidades residenciales nuevas o sobre plano, un punto que ha sido considerado desde hace mucho tiempo como un agujero negro legal que animaba a la especulación.
Hasta ahora, la preventa de viviendas sobre plano era una costumbre en Taiwán; los compradores autorizados se reservaban así el derecho de compra de una vivienda mediante haciendo un depósito y recibiendo un “pedido de compra” que incluía el precio acordado. Estos acuerdos podían ser entonces vendidos a otros comprados cuando el precio de dicha vivienda subiera, una táctica que utilizaban masivamente los especuladores. Ahora, estas ventas o transferencias solo podrán realizarse a parientes de hasta segundo grado, de lo contrario, las multas pueden llegar a los 3 millones de dólares taiwaneses.
Otra enmienda estipula multas para aquellos que manipulen el mercado inmobiliario u obtengan beneficios mediante la difusión de información falsa relativa a los precios de la vivienda, confabularse con terceros para falsificar transacciones, exagerar el número de viviendas vendidas o llevar a cabo transacciones ilegales. Para estos casos, las multas son repetibles y varían entre 1 y 50 millones de dólares taiwaneses.
Por otra parte, las fundaciones privadas tampoco podrán revender, transferir o designar al receptor futuro de una propiedad en el plazo de cinco años tras la adquisición de dicha propiedad.
Por último, la ley establece un mecanismo de recompensas para las personas que informe de transacciones ilegales, simplificación del proceso administrativo para los proyectos de renovación urbana, y el aumento de expertos y miembros de la sociedad civil en la composición de los comités de evaluación de inmuebles, que se convocan a nivel de las administraciones locales.